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Noticias

ACF estará presente en el Congreso Nacional de la Abogacía 2019

Gabriela Domingo Corpas, Presidenta de ACF, representará a esta asociación en el XII Congreso Nacional de la Abogacía 2019 que, organizado por el Consejo General de la Abogacía en colaboración con el Colegio de Abogados de Valladolid, se celebrará en Valladolid entre el 8 y el 11 de Mayo de 2019.

“Nuevas prácticas del Derecho Colaborativo” es el título de la Sesión en la que Gabriela Domingo actuará como ponente el 11 de Mayo de 11:00 a 11:45.

Puede consultar más información sobre el evento en el siguiente enlace:

Congreso Nacional Valladolid 2019: de una abogacía en transformación a una abogacía transformadora

Jornadas Centrales de AEAFA

Os informamos del programa para las próximas jornadas centrales de Derecho de Familia organizadas por la AEAFA, que se celebrarán en Madrid los días 8 y 9 de Marzo.

Consulta toda la información en este enlace:
Jornadas Centrales de AEAFA

¿Por qué ser Abogado Colaborativo de Familia?

Artículo de Sonia Álvarez Gómez, Abogada y miembro de ACF:

 

No sé los lectores que ahora están siguiendo estas líneas, pero la aquí autora de las mismas estudió la licenciatura de derecho en 1992 con el plan de estudios de 1953. En dicho plan de estudios se estructuraba una formación básicamente enciclopédica y orientada a la solución judicial del conflicto de manera que sólo los abogados podíamos ejercer la defensa del ciudadano ante los tribunales.  Y analizando el actual programa de grado de derecho, bien se puede decir que las nuevas generaciones tienen una formación similar a la nuestra: poco ha evolucionado teóricamente la formación de los abogados.

Por consiguiente, aunque tras el inicio del ejercicio de la profesión, la experiencia nos va llevando al intento inicial de la negociación, no perdemos de vista que nuestra identificación  y nuestra diferenciación frente a otros operadores es la actuación en tribunales.

Esta inicial reflexión se plantea por la realidad que la que suscribe observa al tratar y hablar de la práctica colaborativa con los abogados, especialmente los abogados de familia.

Habitualmente, se me suele decir que ya los abogados y en especial los de familia, negociamos, que intentamos acuerdos hasta la extenuación y que por tanto, cuando vamos al Juzgado es porque realmente no hay ninguna otra salida. No puedo negar que esta reflexión sea cierta: bien  les aseguro que esta realidad la  he vivido y la vivo diariamente desde hace más de 25 años de profesión. Ahora bien, la práctica colaborativa no consiste sólo en negociar, es algo más, como intentaré desarrollar más adelante.

Además, creo que también reconocerán los lectores, que los abogados de familia solemos comentar la ausencia de juzgados especializados en todas las localidades; el encorsetamiento del conflicto familiar en una Ley procesal que no tiene en cuenta las emociones y la complejidad de las relaciones que se están rompiendo; unos juzgados saturados; los incumplimientos que difícilmente son ejecutables. En resumen, la ausencia de una justicia terapéutica y reparadora que provoca en la ciudadanía un sentimiento de frustración, de inseguridad, de lucha en el que más te vale salir vencedor porque si no, el contrario ya se ocupará de hacértelo pagar; sentimiento de derrota que debe “arreglarse” cuanto antes con otro proceso. Esta realidad puede provocar que las familias tengan la sensación de tierra arrasada tras su paso por el proceso judicial.

Y cuando hablo con mis colegas de familia, el sentimiento de frustración es mayoritario entre la profesión por la dificultad de encaje de esta realidad social en el proceso.

Hemos de señalar además, que España es el tercer país con mayor litigiosidad de la OCDE. Según estadística del CGPJ, en 2017 se iniciaron más de dos millones de procesos judiciales civiles a los que hay que sumar más de un millón en trámite y según recientes estudios de la Universidad de Granada (Sra. Virginia Rosales), la tasa de congestión de asuntos civiles  en 2014  fue del 153% y los procesos duraban una media de 202.6 días.

Los ciudadanos desean soluciones rápidas a los desajustes que en su vida cotidiana produce la ruptura familiar y el proceso judicial no da respuesta satisfactoria, de manera que para cuando los tribunales pueden dar respuesta, la familia para la que están resolviendo no existe. Y volvemos a empezar los procesos: ponga usted una modificación de medidas, inste unas medidas cautelares….. Desgaste emocional, frustración, dolor.

Por todos los motivos expuestos y otros muchos que  todos conocemos, es por lo que considero absolutamente interesante que los abogados de familia preguntemos, indaguemos, sobre la práctica colaborativa en nuestra profesión y creo sinceramente, que si nos acercamos a la misma, acabaremos siendo firmes defensores.

 

¿Qué significa ser abogado colaborativo y qué ofrece a la ciudadanía?

Un abogado colaborativo no es un abogado negociador, aunque también. Me explico: a los compañeros que me dicen que ellos ya negocian y por tanto no le ven sentido a la práctica colaborativa, les indicaré que la negociación en el ejercicio habitual de nuestra profesión de abogados de familia se enfoca de manera diferente a la que se plantea en la práctica colaborativa.

Pese a que todos los abogados tenemos a mucha honra ser muy buenos negociadores, lo cierto es que nadie nos dio formación reglada en negociación, y que lo que sabemos es a raíz de lo que nuestra experiencia nos va acumulando.

Es muy frecuente que la negociación así iniciada arranque desde las posiciones de los clientes (qué quiere mi cliente, qué quiere el contrario) para luego valorar qué posibilidades existen de obtener en un proceso judicial eso que mi cliente quiere o que el contrario quiere.  Y en este punto, iniciamos un proceso de análisis de posibilidades que afinaremos más o menos en función del conocimiento previo que tengamos del foro ante el que vayamos a intervenir.

Con estas herramientas solemos iniciar las negociaciones con el letrado de familia contrario, de manera que en muchas ocasiones, la negociación se plantea como un regateo: pido por encima de lo que creo que conseguiré en un tribunal para ver si acerco el acuerdo a lo que quiere mi cliente. Esta forma de negociar arranca, consciente o inconscientemente, de la premisa de que la solución es limitada de manera que he de intentar conseguir el mayor trozo de pastel. Esta técnica de negociación está basada en las posiciones de las partes.

 

El abogado colaborativo inicia su intervención con un contrato que firman las partes y ambos abogados por el cual, el proceso es voluntario, absolutamente confidencial, basado en un estilo de colaboración frente a la confrontación. Permite la intervención de la mediación, si fuera necesario; tratamiento de apoyo emocional; estudios económicos-financieros, en definitiva, todos aquellos profesionales que las partes consideren necesarios para la resolución de su conflicto.

 

Sin perjuicio de la necesidad de documentar el encargo y las consecuencias de incumplimiento de la confidencialidad y de la prohibición de intervención posterior en el litigio en caso de que la vía colaborativa quede frustrada, me interesa dar en este artículo una visión práctica de las ventajas del ejercicio colaborativo, por lo que continuaré explicando la visión con la que se inicia la negociación entre abogados colaborativos.

En la negociación colaborativa, conociendo lo que se quiere, la pregunta que el abogado hace a  su cliente es ¿por qué quiere lo que quiere?. Es fundamental conocer el porqué de cada petición para así llegar a conocer la motivación o interés del cliente y de esta manera, ambos abogados y ambos clientes trabajan para la consecución de objetivos comunes que satisfagan los intereses de cada uno consiguiendo la mejor solución al conflicto. Se trata de la confluencia de voluntades para evitar la vía judicial buscando una solución práctica y de consenso en la que cada parte cederá algo en pro del bien de todos y se buscará satisfacer los intereses particulares por vías, quizás, distintas de las planteadas inicialmente.

Si conocemos el porqué podremos buscar vías para satisfacer este interés de manera que el pastel no está limitado sino que se puede ampliar abriendo otras puertas. Resulta pues, que la negociación colaborativa está basada en conocer en profundidad los intereses de las dos partes, no en las posiciones.

Es necesario que el abogado colaborativo se forme mediante prácticas en las técnicas de negociación (especialmente, escuela de Harvard), así como también en las técnicas de escucha activa, control de emociones, etc.

En la práctica colaborativa, el abogado es asesor de su cliente pero el cliente es el que lleva las riendas de su vida. Existe compromiso legal por ambas partes de facilitar toda la información relevante (con cláusulas en caso de incumplimiento o revelación fuera de la colaboración). Se hacen partícipes a los peritos que sea necesario contratar, que deben suscribir los acuerdos de práctica colaborativa y compromiso de imparcialidad. Se busca un acuerdo sostenible y permanente en el tiempo  y se puede iniciar antes de que el conflicto se haya desencadenado (puede ser un sistema preventivo muy útil, en el caso, por ejemplo de una pareja que  quiera regular pactos en previsión de ruptura).

Las ventajas para nuestros clientes de la gestión del conflicto desde la perspectiva colaborativa, según indica la profesora Sra.Helena Soleto Muñoz, son:

– que participan en un proceso constructivo y no destructivo de su relación

– recuperan la responsabilidad sobre la gestión del conflicto

– disfrutan de una negociación directa

– retienen el control de la forma de resolución de su conflicto, reduciendo la incertidumbre

– adecúan el acuerdo a la necesidades de cada uno

– tramitan el procedimiento colaborativo en un entorno seguro y agradable

– consiguen confidencialidad  sobre la existencia del proceso

– deciden si sus hijos van a participar en el proceso, en qué grado y de qué manera: evitándoles la exposición al entorno judicial

-evitan la destrucción de las relaciones

– evitan la angustia por los efectos del proceso en los hijos

– evitan el estrés por la incertidumbre en cuanto al resultado del proceso

– evitan la publicidad a personas conocidas.

 

Y las ventajas para los abogados, según la citada profesora, que  suscribimos íntegramente, son:

– ofrecemos un nuevo producto competitivo que satisface las necesidades del justiciable ahora no cubiertas en el proceso judicial, suponiendo un posicionamiento proactivo

–  atraemos a nuevos clientes

–  ejercemos la profesión  de manera más satisfactoria: ofrecemos un método de resolución de conflicto adecuado a la necesidad concreta, con manejo más autónomo del tiempo y del calendario; rebajamos el nivel de estrés que sufrimos en el estilo confrontativo; hacemos coincidir nuestros sistema de valores con nuestro estilo profesional.

– conseguimos una mayor satisfacción de la clientela

-conseguimos un diseño creativo en el proceso de abordaje de la resolución del conflicto

– conseguimos una relación más positiva con el resto de los profesionales y terceros expertos

– reducimos la actividad en estrados y conseguimos mayor productividad profesional.

 

Así pues, apreciados compañeros abogados de familia, si lo que habéis leído hasta aquí os motiva, os invito a que profundicéis en el conocimiento de la práctica de la abogacía colaborativa porque esta alternativa de resolución de conflictos ha venido para quedarse, y los abogados de familia no nos podemos quedar estancados en las viejas fórmulas de ayuda a nuestros clientes. Es necesario que apostemos por el futuro, por los nuevos caminos y  empeñemos nuestras mutuas voluntades con el abogado de la otra parte en buscar la mejor solución para nuestros clientes, para esa familia que necesita una respuesta rápida, efectiva, práctica y con perspectiva de perseverancia en el tiempo.

 

Curso de Especialización – Coordinador de parentalidad

ACF colabora con el Centro de Mediación de la Region de Murcia – Escuela Nacional de Mediación, centro homologado por el Ministerio de Justicia y miembro de la Federación Nacional de Asociaciones de Profesionales de la Mediación (FAPROMED), en la organización del curso

Curso de Especialización – Coordinador de Parentalidad.
Identificador del Ministerio de Justicia Nº 15611

Intervención muy Especializada en Familias con Situación de alta conflictividad crónica tras la Ruptura de Pareja, para proteger el interés del menor y garantizarle una atmósfera de bienestar

El objetivo es especializar a profesionales capaces de intervenir en familias con niños, niñas y adolescentes donde el conflicto crece y explota, la comunicación ha desaparecido y la relación está rota, por una ruptura de pareja que no se ha solucionado en los juzgados, los servicios sociales, la mediación, ni los PEF y se hace necesario proteger el interés superior de los menores.

Puede consultar más información en este enlace

Descargue el programa aqui

Entrevista a Isabel Bonilla en La Vanguardia

Isabel Bonilla, Abogada y Tesorera de ACF, ha sido entrevistada por la agencia EFE para el periódico La Vanguardia en relación a la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) que prohíbe el uso de vivienda familiar si entra una nueva pareja, ya que hace 11 años ganó un caso similar en la audiencia de Almeria.

“Supone un hito en el avance del derecho de familia. Muchas veces se ha confundido el interés del menor, la libertad del progenitor custodio para mantener relaciones y el TS ha encuadrado perfectamente el tema, abordando de forma decidida el interés del menor”

En alusión a la figura del Abogado Colaborativo, Isabel Bonilla en su entrevista reclama reformas, también en un derecho procesal que “te lleva directamente a la controversia y la pelea”, abogando por alternativas y acuerdos, a la vez que defiende la labor y papel de los abogados colaborativos, que “se comprometen a buscar la mejor solución válida para las dos partes” sin tener que llegar al contencioso, o la figura del coordinador de parentalidad.

Puede consultar la entrevista completa a continuacion:
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20181126/453184475263/letrada-almeria-gano-hace-11-anos-caso-similar-al-del-uso-vivienda-familiar.html

XI Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense

El XI Congreso (Inter) Nacional de Psicología Jurídica y Forense se celebró del 1 al 3 de noviembre en el Palacio de Congresos de Granada, organizado por la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense (SEPJF), con el objetivo de fomentar una Psicología Jurídica y Forense con mejor formación y más herramientas, fiables y válidas, que avalen una necesaria y merecida ampliación de las competencias e independencia profesional.

Maria Gabriela Domingo Corpas, Presidenta de ACF, participa en nombre de la Asociación de Abogados Colaborativos de Familia y comisionada por la presidenta de AEAFA. También se dió a conocer nuestra naciente Asociación Internacional de Juristas de Derecho de familia AIJUDEFA, cuya asamblea constituyente tendrá lugar en República Dominicana en la jornada que se celebrará entre el 5 y 7 de Diciembre.

ACOPAR organiza el I Congreso Nacional de Coordinación de Parentalidad

La Asociación de Coordinadores/as de Parentalidad de Aragón (ACOPAR), organiza el I Congreso Nacional de Coordinación de Parentalidad, titulado Hijos e hijas ante el nuevo orden familiar. Divorcio, Mediación, Coordinación de Parentalidad. Perspectivas de futuroque se celebrará los días 27 y 28 de septiembre de este año en el Patio de la Infanta de Zaragoza.

Este Congreso va dirigido a los diferentes profesionales que trabajan por el mejor interés del menor, principalmente en el ámbito jurídico: jueces, magistrados, fiscales, equipos psicosociales, psicólogos/as clínicos y forenses, abogados/as de familia, mediadores, pediatras y psiquiatras… con un claro enfoque multidisciplinar.

Puede encontrar más información (Programa, Ponentes, Inscripciones, etc…) en el siguiente enlace:
https://congreso2018coordinacionparentalidadacopar.com/

 

Curso Formación en Negociación. Derecho y práctica colaborativa. Málaga, 5 y 6 de Julio

Maria Gabriela Domingo Corpas, Abogada de Familia y Vicepresidenta de ACF, participó como ponente en el Curso “Formación en Negociación. Derecho y práctica colaborativa” que organiza el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga en colaboración con ACF (Asociación de Abogados Colaborativos de Familia), la Universidad de Málaga, la Universidad Carlos III y la delegación de AEAFA en Málaga.

 

¿Es la judicial la mejor vía para la solución de conflictos? Parece que cada vez hay mayor temor a afrontar un proceso ante los Tribunales, porque el resultado puede ser inesperado o se puede tardar mucho en tener una solución. Los abogados afrontan todos los días con conflictos que no tienen respuesta ni solución en el marco legal y procesal establecido hasta ahora.Y precisamente ese amplio campo de conflictos a los que no puede dar respuesta la justicia, está haciendo que el rol del abogado cambie y deje de ser únicamente asesor legal y litigante para convertirse en un especialista en gestión de conflictos, teniendo que disponer de otras herramientas además de las legales y judiciales para poder obtener el mejor rendimiento. De ahí que la negociación estratégica y el derecho colaborativo estén adquiriendo cada vez un mayor impulso, y que haya mucha demanda de este tipo de formación.

Fecha: 5 y 6 de julio de 2018.

Lugar: Salón de Actos. Colegio de Abogados de Málaga. Paseo de la Farola, 13. Málaga.

PROGRAMA:

Jueves 5 de julio 

16,30 horas
Inauguración a cargo de Dª. Pilar Pérez Lanzac, Coordinadora de la Sección de Derecho Procesal ICAMALAGA, Dª. Blanca Sillero Crovetto, Profesora de la UMA, Departamento de Derecho Civil,  Dª. Mª Gabriela Domingo, Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, Vicepresidenta ACF,  y Dña. Inmaculada Marín, delegada de AEAFA-Málaga.

17,00 a 17,50 horas
Ponencia: La negociación.
Ponente: Dª. Blanca Sillero Crovetto. Profesora del Departamento de Derecho Civil, UMA.

17,50 a 18,10 horas
Pausa

18,10 a 19,00 horas
Ponencia: La negociación colaborativa y la modernización del profesional del Derecho de Familia.
Ponente: Dª. Mª Gabriela Domingo Corpas. Abogada del Ilustre colegio de Abogados de Málaga. Vicepresidenta ACF.

19,00 a 19,30 horas
Turno de Preguntas.

 

Viernes 6  de julio

9,30 a 11,00 horas
Actividad práctica.
Ponente: Dª. Helena Soleto Muñoz. Profesora de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III. (Ha colaborado para la actividad Dña. Leticia Fontestad, Departamento Derecho Procesal, UMA).

11,00 a 11,30 horas
Pausa

11,30 a 14,00 horas
Actividad práctica
Ponente: Dª. Helena Soleto. Profesora de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III.

14,00 horas
Pausa comida

16,00 a 19,30 horas
Actividad práctica
Ponente: Dª. Helena Soleto. Profesora de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III. 

19,30 horas
Clausura del curso

Descargue el Programa Completo

ACF, presente en el XXV Aniversario de AEAFA

ACF ha estado presente en las jornadas que la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) ha celebrado los días 23 y 24 de Febbrero en Madrid con motivo de su XXV Aniversario. En estas jornadas se ha destacado especialmente el papel tan relevante que juegan los Abogados Colaborativos en materia de Derecho de Familia como fórmula de futuro para la solución de conflictos.

 

 

María Dolores Lozano, Presidenta de AEAFA: ““Es urgente y absolutamente necesaria la creación de la Jurisdicción de Familia, propia e independiente a la Jurisdicción Civil”

María Dolores Lozano Ortiz, nacida en Palma de Mallorca, es presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), asociación que reúne a unos 2000 abogados en toda España. Está especializada en Derecho de Familia, es abogada rotal y mediadora familiar. Pertenece al Colegio de Abogados de las Islas Baleares desde 2016. “La Aeafa cuenta con reconocimiento del resto de operadores jurídicos, del Consejo General del Poder Judicial, de la magistratura especializada, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, de la Universidad” y “seguimos trabajando para mantener el nivel de excelencia y compromiso de nuestra asociación” asegura Lozano. En sus filas aúnan a un selecto grupo de juristas, a quienes se les ha concedido por Aefa el premio “Amigo de la Asociación”, por su colaboración y trabajo dedicado al Derecho de Familia; y fomentan publicaciones doctrinales a través de la convocatoria del Premio “José Corrales”, enfocado a abogados noveles y a través de su revista bimestral “Abogados de Familia”.

  1. Los próximos 23 y 24 de febrero se celebran en Madrid las XXV Jornadas Centrales de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), ¿Qué expectativas tiene para estas Jornadas?

Este año, la Asociación Española de Abogados de Familia cumple 25 años. Las expectativas de estas Jornadas, coincidentes con esta fecha tan significativa son, por un lado, haber sido fieles a los fines de la Asociación, el impulso del Derecho de Familia, fomentando su estudio y difusión, promoviendo reformas legislativas, iniciativas editoriales y publicaciones sobre Derecho de Familia; y por otro lado, seguir trabajando en crear conciencia en la abogacía y en la ciudadanía de la necesidad de la especialización del abogado que ejerce su  función social en esta rama del derecho. Y sobre todo, seguir concienciando a los poderes del Estado de la imperiosa necesidad de crear la Jurisdicción de Familia, Persona y Menores propia e independiente de la Jurisdicción Civil. Es la reforma civil y procesal pendiente más importante del siglo XXI de nuestro país.

  1. ¿Cuáles serán las novedades en esta edición?

Las Jornadas centrales de Aeafa, que celebramos anualmente en Madrid, representan una oportunidad única para conocer de primera mano los temas más candentes, y actuales del Derecho de Familia, y por ello siempre nos esforzamos en que el nivel de los ponentes sea excepcional. La especialización es una necesidad para un ejercicio adecuado de la función social de la Abogacía. Intentamos siempre que la excelencia jurídica esté presente en las Jornadas. Nuestra asociación aúna a unos 2000 abogados de toda España que se dedican a esta rama del derecho. Es un privilegio poder compartir y debatir entre todos los abogados asistentes, los problemas que abordamos, las dificultades con las que nos encontramos en el día a día, las expectativas que esperamos, y las reformas que deseamos del actual sistema de justicia.  La novedad en esta edición es conmemorar nuestras bodas de plata, y brindar reconocimiento a todos los abogados que cumplen veinticinco años asociados, y a todos los que han ejercido cargos de representación desde la constitución de la asociación. Aeafa es la suma del trabajo y esfuerzo de todos y cada uno de los que han formado y formamos parte de su ser. Sin duda alguna, somos actualmente, la voz y la acción del Derecho de Familia en España.

 

  1. ¿Cómo valora la calidad del Derecho de Familia en España?

Nuestro Derecho de Familia es de “buena calidad”, mejorable, pero de “buena calidad”; lo que no es de buena calidad es la forma de hacerlo llegar al ciudadano; la materia prima se malogra por el camino. El actual sistema de justicia no garantiza ni cumple con el principio constitucional de igualdad de los ciudadanos ante la ley; y no lo hace, porque lo que determina que un ciudadano tenga derecho a que su asunto sea resuelto por un juzgado de Familia, por un juez especializado, es su lugar de residencia. Por ello es preciso una reforma y regulación propia en el Derecho de la Familia, Persona y Menores a nivel sustantivo y procesal y es urgente y absolutamente necesaria la creación de la jurisdicción de Familia, propia e independiente a la jurisdicción Civil que garantice la atención adecuada, eficaz e igualitaria para todos los ciudadanos, sin discriminación territorial alguna, y con profesionales especialmente preparados que aborden adecuadamente los problemas derivados de la crisis familiar. Se propiciará así que el servicio público de impartir justicia sea de calidad para el justiciable, además de  lograrse mayor seguridad jurídica y celeridad en la resolución de los asuntos.

Abogacía, magistratura, y sociedad,  hemos  de concienciarnos de la necesidad de la especialización de los operadores jurídicos ya que no es posible que puedan abordarse todos los temas y especialidades de las ramas del Derecho por un profesional. Estamos en el principio del fin del modelo abogado generalista, el que puede asumir cualquier caso que llega al despacho.

4. En las Jornadas hay una ponencia dedicada al divorcio internacional, ¿por qué es importante la negociación durante los trámites del divorcio? ¿Es posible que ambas partes se pongan de acuerdo?

La globalización, la movilidad geográfica de las personas, los cambios continuos de residencia dan lugar a la frecuencia de un elemento internacional en las familias, y nuestro país es un claro ejemplo de ello: emigramos y recibimos inmigración. Y este elemento internacional, ha de tenerse en cuenta en el momento en que se produce el conflicto. En un proceso de familia con un elemento internacional, han de manejarse adecuadamente todos los Reglamentos de la Unión Europea sobre Derecho Internacional Privado de Familia, porque forman parte de nuestro derecho interno. Un proceso de familia puede sufrir “una dispersión legal del pleito”, en la medida en que debemos aplicar diversos instrumentos internacionales en función del objeto litigioso, de manera que es preciso acudir a los distintos reglamentos europeos para determinar la competencia judicial internacional, la ley aplicable a cada una de las materias que van a abordarse en el proceso, sea consensual, sea contencioso. Es decir, la ley aplicable al divorcio y la que deba aplicarse para la decisión sobre cada uno de sus efectos complementarios, (medidas sobre los hijos, a la pensión de alimentos, a la pensión compensatoria, a la liquidación del régimen económico matrimonial). Es habitual que en un mismo proceso se aplique una ley material distinta a cada una de las medidas, de conformidad a los Reglamentos Comunitarios. Esta legislación es derecho interno; una vez el legislador europeo ha legislado sobre determina materia, España,  al igual que el resto de Estados, pierde la competencia para legislar sobre esa materia,  y para suscribir tratados internacionales sobre ella, siendo la Unión Europea quien asume la legitimación en nombre de todos los Estados miembros para obligarse en los tratados internacionales sobre dicha materia.

  1. ¿Puede el Derecho Colaborativo en estos casos ser más eficaz que un litigio tradicional?

El acuerdo siempre es más eficaz que un litigio tradicional. En un proceso de mutuo acuerdo, las partes no están atadas a las restricciones que supone un proceso contencioso, porque pueden introducir en el convenio regulador de separación o divorcio acuerdos sobre materias que no podrían tratarse de forma simultánea en el proceso contencioso como, por ejemplo, la liquidación del régimen económico matrimonial.

Uno de los métodos o vías a tener en consideración para alcanzar un acuerdo es a través del Derecho Colaborativo, figura de derecho anglosajón de probada eficacia, derivado del método Harvard  y que se utiliza en todas las ramas del derecho, no solo en Derecho de Familia. Es una nueva forma de entender la defensa jurídica; los abogados buscan un acuerdo sostenible y perdurable; su participación es obligatoria, las partes han de estar asistidas obligatoriamente por abogados con formación específica en esta metodología alternativa, que ejercen su función de defensa, no son neutrales.

  1. ¿Qué se debe tener en cuenta cuando se decide optar por el Derecho Colaborativo?

Para someterse a un proceso de negociación colaborativo, las partes han de suscribir previamente un contrato pactando las formas y condiciones de llevar a cabo la negociación colaborativa; todos los intervinientes se obligan, partes, abogados, y los profesionales que puedan intervenir (peritos, psicólogos, economistas…) a la confidencialidad, al compromiso de aportar toda la documentación relevante, y a que el acuerdo privado que suscriban adquiere fuerza obligacional, y puede adquirir fuerza ejecutiva. Y fundamental es saber y conocer que, en caso de no ser posible el acuerdo, ninguno de los abogados intervinientes, ni de los profesionales que han colaborado, podrá asistir a ninguna de las partes en un proceso contencioso. La intervención y la contratación del abogado en un proceso colaborativo es para dicho proceso y no podrá actuar jamás en un proceso contencioso representando a ninguna de las partes. Esta condición forma parte del contrato previo.

 

  1. La Aeafa reclama la necesidad de que España se dote de una legislación nacional sobre custodia compartida, para evitar las diferencias entre comunidades autónomas. ¿Por qué necesitamos legislación común?

La Aeafa reclama una reforma integral civil y procesal del Derecho de Familia, del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es el Tribunal Supremo quien está legislando sobre la custodia compartida, desde la Sentencia del 7 de Julio de 2011, modelo de crianza que se está imponiendo a pesar de la obstrucción de algunos tribunales y Audiencias Provinciales, que finalmente han ido modulando su criterio a costa de la reiterada e insistente jurisprudencia del Supremo. Ciertamente la labor de “evangelización” del TS en el establecimiento de la custodia compartida en territorio de derecho común ha sido consecuencia de la inactividad del poder legislativo nacional frente al legislador autonómico. Lo realmente peliagudo es la reforma del artículo 96 del Código Civil, la vivienda familiar, y es esta cuestión, desde mi punto de vista, lo que está motivando el estancamiento de la Ley de Custodia Compartida, de la que ya existe un proyecto que descansa plácidamente en algún cajón. A mi entender, el legislador nacional está más preocupado por contentar a los grupos de presión contrarios a la custodia compartida y, en consecuencia, contrarios también a la reforma del uso de la vivienda familiar, que de abordar una reforma necesaria y de la que disfruta una parte importante de la población española residente en las Comunidades Autónomas que han legislado sobre esta cuestión. El legislador catalán, por ejemplo, ha llevado una reforma rigurosa y acorde a las necesidades de la sociedad sobre custodia compartida y uso de la vivienda familiar.

 

8. ¿Qué otros cambios en la legislación actual cree que beneficiarían al Derecho de Familia?

Así de entrada, y de forma perentoria y urgente, es preciso una reforma radical de las normas y procesos de ejecución. Las normas actuales sobre ejecución no se adaptan a las necesidades de los procesos declarativos de familia; es tan urgente, como lo anterior, volver a modificar de inmediato el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a su redacción anterior. Un error garrafal en la votación de la última reforma, ha llevado a que familias que han dejado de residir ambos en el partido judicial que dictó la sentencia de divorcio, deban acudir de nuevo al mismo tribunal para modificar la sentencia; no es fácil de explicar que una pareja que se divorció en Madrid, y ahora uno de los miembros viva en Sevilla con los niños, y el otro en Valencia tengan que acudir otra vez al juzgado de Madrid para modificar la sentencia. O que una pareja que se divorció en Barcelona, y los dos vivan en Málaga, estén pleiteando ahora otra vez en Barcelona para modificar la sentencia.

La dotación económica y de infraestructura para crear servicios de mediación, adscritos a los juzgados, equipos psicosociales con personal especializado; puntos de encuentro; y sobre todo, la creación de la Jurisdicción de Familia, Persona y Menores son también imprescindibles.

 

9. ¿Qué tipo de formación necesitan los abogados en el sector del Derecho de Familia para su especialización?

El abogado dedicado a esta rama del derecho ha de contar con una excelente formación jurídica, porque el Derecho de Familia afecta transversalmente a casi todas las ramas del derecho (civil, penal, mercantil, laboral, seguridad social, extranjería, internacional privado); pero también afecta a los sentimientos de las personas a las que asesoramos, a las relaciones humanas. Por ello, debemos formarnos en otras disciplinas complementarias, adquirir competencias en escucha activa, en capacidad analítica, ser excelentes en la comunicación, escrupulosos en el cumplimiento de las normas deontológicas, que son de vital importancia para un ejercicio honesto de la función social que desempeñamos con el ejercicio de nuestra profesión y más en esta rama del Derecho.

 

  1. ¿Qué objetivos se plantea la Aeafa después de 25 años de historia?

La Justicia ordinaria de nuestro país carece de los recursos necesarios para afrontar especialidades tan marcadas como los que requiere esta rama del Derecho, la rama pobre, que la mayoría de las veces no es considerada siquiera derecho, ni por abogados que se dedican a otras especialidades, ni por jueces-magistrados y fiscales, que la consideran de segunda categoría.

Cuando me encuentro con opiniones así, me cuesta desearles que su divorcio, o el de un familiar directo, sea atendido por un abogado generalista, decidido por un juzgado no especializado, sin equipo psicosocial y con un fiscal que el día del juicio no haya acudido por tener que atender un asunto penal más importante, desde luego, que ocuparse de informar sobre el interés de los menores. Ojalá sean capaces de  elegir a un abogado especializado, o al menos aconsejar a su familiar directo que lo haga, y ya dependerá del lugar de su residencia y del partido judicial en el que se ubique su vivienda familiar lo que determinará  su acceso a un juez de familia, a quien le guste su trabajo y esté en dicha plaza no sólo por decisión, sino por convicción. También les desearía que coincidan con un fiscal de los que realmente se dedican al asunto para que, aunque no se pueda solucionar, se resuelva lo más adecuadamente posible.

El objetivo de Aeafa, por el que abogamos desde los inicios de la constitución de nuestra asociación, es la creación de la jurisdicción de Familia, Persona y Menores. La abogacía asociada en Aeafa somos parte del pilar de la sociedad civil, ejercemos  una función social y como tal, tenemos la responsabilidad de concienciar al poder legislativo de la necesidad de esforzarse para acomodar la legislación sustantiva y procesal a las necesidades sociales; de concienciarle de la ausencia de sensibilidad en la atención de las necesidades de la familia en crisis, de que no abordar la creación de una jurisdicción de Familia, Persona y Menores, propia e independiente de la jurisdicción civil, es incumplir el principio constitucional de igualdad de los ciudadanos ante la ley a consecuencia del lugar de residencia. No abordar esta reforma provoca una constante minusvaloración de la familia como institución esencial vital en nuestra sociedad.

 

Fuente: abogacia.es

 

 

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